El 20 de Noviembre de 1989, en el seno de la Asamblea de las Naciones
Unidas, se adoptó el instrumento internacional que reúne el mayor número de
estados participantes: la
Convención de los Derechos del Niño. Con este marco
normativo empieza a concretarse la vigencia de un nuevo paradigma, basado sobre
todo en el reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos
plenos de derecho, dejando atrás el modelo de “situación irregular” y con ello
la concepción del niño como objeto de tutela y protección, por parte de la
familia, la sociedad y el Estado.
La convención representa el
marco mínimo de reconocimiento de derechos en el cual deben inscribirse las
políticas y prácticas de todos los poderes del Estado.
Conforme los principios que
emanan de la Convención
los niños y adolescentes gozan de la totalidad de los derechos reconocidos al
resto de los ciudadanos, con más un
“plus” por su condición de personas en desarrollo. Es decir que el niño es una
persona, a la cual le corresponden todos los derechos fundamentales y las
garantías básicas que tanto la constitución de un Estado como las convenciones
y tratados internacionales confieren a cualquier persona, sin distinción de
edades.
Se tiene en cuenta que los
niños y niñas son más vulnerables en cuanto a las violaciones de sus derechos,
y trata a la infancia, en su totalidad y no haciendo discriminaciones, no desde
una visión asistencialista, sino desde una perspectiva de derechos. Entre los
principios rectores, reconoce el de autonomía progresiva, el interés superior
del niño, y el de no-discriminación.
A pesar de que la Convención establece que los estados signatarios deben
adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para
dar efectividad a los derechos reconocidos en ella, nuestro Estado poco había
hecho en este sentido hasta antes de 2003. La Convención se incorporó
a nuestra Constitución Nacional, pero toda la normativa tanto nacional como de
la mayoría de las provincias seguía la lógica de la situación irregular.
La vigencia de los derechos humanos de la infancia fue
una de las políticas desarrolladas por el proyecto nacional y popular de Néstor
y Cristina: no sólo se sancionó la ley de Protección Integral de la Infancia (26061), sino
que se procuró que esos derechos que eran reconocidos en la ley se transformen
en realidad para todos. Asignando más recursos para educación. Creando más
escuelas. Invirtiendo en salud. Incorporando vacunas gratuitas. Reconociendo la
asignación Universal por Hijo. No solo se realizaron acciones tendientes a
salir del desastre que se vivió luego de los 90 en la crisis del 2001. Se
trabajó activamente para que la niñez argentina sea una niñez portadora de
derechos, y de esperanza, y de futuro. Hoy tenemos resultados a la vista. Y
vamos por más. Buscamos ampliarle los derechos a la participación a la
juventud, como y hace mas de 60 años lo hicimos con la mujer. Porque estamos
convencidos que en la mayor participación gana la democracia.
Celebramos este aniversario, orgullosos de renovar
nuestro compromiso militante de trabajar día a día, para que los derechos de
los niños y las niñas sigan siendo, cada día más, una realidad en nuestra
Argentina.
